Uno de los propósitos que se impuso el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, desde su primera administración fue conseguir que Colombia ingresara a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Para tal fin, desde septiembre de 2013 el Gobierno viene adelantando las gestiones y las acciones necesarias para cumplir con la denominada hoja de ruta establecida por la Ocde.

Al momento, al país le quedan pendientes la aprobación y formalización de tres comités (laboral, comercio y economía) de los 23 que componen la Organización.

El Gobierno confía en que en lo que resta del presente año se consolide el proceso y que, a más tardar en el primer semestre de 2018, Colombia sea admitida oficialmente en la Ocde.

Según se ha informado, el avance no ha sido tan expedito como se esperaba pues en algunos casos el proceso ha tomado más tiempo del programado bien sea por problemas con la expedición de normas o porque en algunos comités la Ocde ha establecido nuevos requisitos.

De todas formas, como le comentó a EL COLOMBIANO el jefe adjunto para América Latina y el Caribe de la Ocde, Sebastián Nieto Parra, “Colombia ha trabajado fuertemente en la adhesión”.

Como parte de las gestiones adelantadas, el Gobierno debió diseñar y poner en práctica una política (que en el país no se tenía) para el manejo de químicos industriales y de residuos.

Igualmente, fue necesario asegurar la aprobación de la ley de licores por medio de la cual se reordenó el manejo de los monopolios departamentales.

También se adoptó una ley para la promoción de las energías renovables y la eficiencia energética.

De otra parte, en materia de gobernanza se eliminó la presencia de los ministros en los órganos directivos de las empresas estatales, al tiempo que se modificó el régimen de responsabilidad corporativa.

No obstante lo anterior, la tarea que el país tiene por delante para ponerse a la par de los países miembros de la Ocde es grande y cubre diversos campos de acción.

En este sentido, en mayo pasado, la Organización presentó un informe (Estudio Económico de Colombia) en el que se establece que el país debe “hacer más para impulsar la productividad, mejorar el clima empresarial y lograr un crecimiento más inclusivo”.

Para tal fin “se identifican áreas prioritarias para futuras acciones” como la concreción de reformas para asegurar la calidad de la educación (y así alcanzar mejores resultados), reducir la informalidad en la economía (incorporando nuevos agentes económicos a la formalidad), y mejorar las oportunidades laborales de las mujeres.

Para estimular la inversión privada es necesario garantizar una mayor competencia en algunos sectores (como los de ferrocarril, electricidad y transporte de carretera). Así mismo, se requiere aumentar la inversión pública para modernizar la infraestructura y reducir los costos del comercio.

Aunque Colombia cuenta con el apoyo de algunos países (como Estados Unidos y Francia) para su ingreso a la Ocde, lo dicho por la Organización indica que para concretar esta aspiración se va a requerir poner en práctica acciones más contundentes y eficaces que las emprendidas hasta ahora.

Ello demanda de una voluntad política capaz de concretar las reformas estructurales (en campos como el arancelario, el laboral y el pensional), que aseguren que se reduzca la distancia que, en materia económica y social, separa al país de las naciones más avanzadas.

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