Los ocasionales, habituales o más aficionados al vino deben tener tres cosas claras en este arranque de año: la botella vendrá más cargada de impuestos, es decir, valdrá más; es probable que algunas referencias más exclusivas ya no se vean en el mercado y algunas novedades se tarden más en llegar o en pasar la aduana.
Así lo proyectan importadores y comercializadores, grandes y pequeños, consultados por este diario, con la implementación la nueva Ley de Licores (Ley 1816 de 2016), vigente desde el primero de enero, sancionada por Presidencia el 19 de diciembre y aprobada por el Congreso desde el 4 de octubre pasado.
Quien se tome cada tanto una copa de vino, pasando por quien incluye una botella en el mercado, hasta el enófilo que recibe varias al mes, todos tendrán que pagar más por recibir lo mismo.
Esta bebida pasó de tener un impuesto único al consumo a tener que pagar, en la práctica tres: 150 pesos por grados de alcohol, otro de 20 % sobre precio de venta (ad valórem), más un IVA de 5 %.
Varios comercializadores coinciden en que en el universo de unas 10 mil referencias de vino que se consumen en el país actualmente habrá incrementos en el precio final que oscilarían entre el 15 % y 30 %, dependiendo de si son vinos jóvenes o viejos.
Y esto, pesar de los esfuerzos de amortiguar el alza con importación anticipada de inventarios desde diciembre, y así tratar de mantener precios a los clientes en los primeros meses del año. Cabe anotar que cerca del 50 % del vino que se toma Colombia es importado.
“Es muy probable que quien pagaba 30 mil pesos por una botella de vino el año pasado, ahora estará pagando 35 mil. Como vemos las cosas, la demanda se contraerá entre un 10 % y 15 %”, comentó con preocupación Jaime Echevarría, gerente de la distribuidora antioqueña John Restrepo y Cía, que comercializa unas 4 millones de botellas al año.
Agregó que se lesiona el esfuerzo por inculcar una cultura del vino en el país y da al traste con los millones de pesos invertidos a lo largo de la cadena para lograr que en los últimos 15 años subiera el consumo per cápita anual de 0,1 a 0,7 litros, muy bajo frente a otros países (ver gráficos).
Otra gota amarga
Pero si mayores precios ya inquietan a comercializadores, también rechazan que se limite el ingreso de nuevas referencias o que no aparezcan otras más en el inventario certificado de precios promedio de bebidas alcohólicas, en cual la Ley de Licores ordenó elaborar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Ese primer listado de referencia de 5.401 registros, lo publicó el Dane desde el 29 de diciembre. Según el artículo 19 de la Ley 1816, servirá como base anual para liquidar el componente ad valórem del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares.
Para levantar esos precios promedios, el director del Dane, Mauricio Perfetti del Corral, explicó a EL COLOMBIANO que más de 1.100 personas registraron, botella a botella, unos 270 mil precios en 14 mil establecimientos, exceptuando hoteles y restaurantes, de 31 ciudades. Lograrlo tomó dos meses y fue con base en los registros que con corte a agosto tenía el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
Pero los comercializadores de vinos cuestionan desde el criterio aplicado por la ley para establecer precios promedio, hasta la metodología y los registros finales del operativo del Dane.
“Cuando nos visitaron, entregamos los precios de venta de las 120 referencias que manejamos, pero cuando salió el listado en el sitio web del Dane no aparecían 39 y había 15 precios muy disímiles a los del mercado, unos muy bajos y otros altísimos, eso tiene que ser un error”, cuestionó Néstor González, gerente de Viñas Boutique, firma con sede en Medellín y que vende a un centenar de restaurantes de Colombia un promedio de 650 mil botellas anuales.
Más allá de posibles imprecisiones, para los comercializadores ese listado certificado introduce distorsiones en los precios y en la liquidación de impuestos de cada botella.
Pero el director de la entidad defiende la fiabilidad del trabajo realizado en tiempo récord y con el mismo operativo empleado para levantar información con que se determina el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación –ver nota anexa–.
En todo caso, varios clubes de vinos consultados, que importan para exclusivos suscriptores, aún no han podido nacionalizar importaciones en puerto, a la espera de una respuesta del Dane sobre referencias que no aparecen en el inventario certificado.
Al respecto, el Dane, en atención a la ley, asegura que la certificación es anual. En respuesta posterior a la entrevista con su director, no da plena claridad sobre si habrá otra base de datos alterna para ingresar nuevos registros durante 2017. Entre tanto, varias solicitudes de importadores hacen trámite en la entidad, aplicando el artículo segundo de la certificación expedida.
La copa rota
Pero la preocupación sobre lo que pase con el mercado de vinos en el país ya trasciende fronteras. Desde Asovinos, gremio del sector, se asegura que la nueva Ley de Licores va en contravía de estándares internacionales tributarios para bebidas alcohólicas.
“Mientras otros países tienen como base de liquidación de impuestos el precio de introducción o de importación, aquí lo hacen con el precio final, que tiene incorporados costos de transporte, intermediación y demás, eso va en contra de las normas de comercio internacional”, advirtió Nelson Izáciga León, director de Asovinos, gremio del sector.
Agregó que ya el gobierno de Estados Unidos tomó cartas en el asunto, teniendo en cuenta que la Unión Europea está instalando un panel para evaluar la situación con Colombia y una posible postura discriminatoria frente a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pues se estaría yendo en contravía de acuerdos suscritos y vigentes.
Efecto indeseado
Con todo, el gran temor de los comercializadores es que el tradicional contrabando en otras bebidas alcohólicas como güisquis y vodkas, termine por transmitirse al vino.
Esto, como consecuencia del aumento de precios por la mayor carga de impuestos, restricciones para mantener sus inventarios acorde a la demanda del mercado y que la Ley de Licores no haya dado libre movilidad a la venta de vinos, supeditados a autorizaciones de la respectiva administración departamental.
“Queriendo conseguir más impuestos de los licores, lo que está haciendo el Gobierno es construir un escenario mucho más generoso para el contrabando. A mí que no me vengan con la ilusión de que cerrarán negocios ilegales, cuando tenemos todos los días esa competencia desleal que vende trago sin estampillar”, aseguró Luis Fernando Valencia, gerente regional de Dislicores, uno de los mayores jugadores del sector.
Al respecto, la viceministra de Hacienda, Ximena Cadena, señaló cuando impulsó la aprobación de la Ley de Licores que el contrabando no depende solo del nivel de impuestos y que la nueva norma da herramientas para prevenir y castigar de manera efectiva ese flagelo.
El tiempo le dará, o no, la razón al Gobierno. Por ahora, al mercado del vino le caen gotas amargas y no hay razón para brindar.
