En micrófonos de La W, diferentes importadores de licores comentaron las repercusiones que ha generado en sus empresas la sobretasa a licores empleada por el DANE.
Todos los pequeños vamos a desaparecer y en Colombia no vamos a volver a tomar buen vino porque va a ser muy costoso: Álvaro Posada, importador de vinos en Colombia.
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En diálogo con La W, el importador de licores Álvaro Posada, dueño de la empresa Euroclub del vino denunció las fuertes afectaciones que le ha significado la aplicación de la sobre taza a los licores, medida fiscal que se suma a otros impuestos incrementando exponencialmente los costos de le su negocio, llevándolo a puntos insostenibles.
Posada ejemplificó la situación comentando que si antes, un vino que importaba de España a un valor cercano a los seis mil pesos, y pagaba un impuesto cercano a los cuatro mil, gracias a la aplicación de la norma, que basa su tasa de cobro de impuesto en el llamado precio al consumidor, terminó pagando un impuesto cercano a los diez y ocho mil pesos.
“Cuando salió el impuesto tan brutal, tocó subirle el precio al vino, con menor ganancia. Y si estaba difícil vender, calcule ahora a mayor precio”, señaló el empresario quien afirmó que dicha situación lo ha llevado a cerrar su negocio.
“Despedí a 5 personas que eran trabajadores directos. Pero los indirectos son muchos más”, reconoció Posada, quien alertó sobre la situación, donde los empresarios requieren de una liquidez muy alta, pues para nacionalizar el licor, requieren tener la capacidad financiera para pagar el impuesto en una fase en la cual aún no ha recibido el dinero derivado de la venta de su producto.
“En Colombia no va a ser posible tomarse un buen vino porque va a ser imposible pagarlo”, afirmó, agregando que, conoció el caso de un extranjero que había decidido invertir en Colombia y había montado una importadora que hizo una alianza con un almacén de gran plataforma para traer un lote de vinos, pero gracias a la entrada en vigencia de la norma, “ en vez de ganarse 3 mil pesos por botella terminó perdiendo 6 mil pesos por botella, porque ya había pactado un negocio con una gran plataforma y debía cumplir”.
Denunció que mientras que Procolombia promueve el turismo, entes gubernamentales toman decisiones que hacen que para los turistas se vuelva inexplicable que “una botella de vino en Colombia resulte ser 3 veces más cara que tomársela en París”.
Posada identificó como parte del problema que el llamado “precio al consumidor” no fue calculado con el valor de venta de los productos que ellos importan o producen, sino sobre el precio al público por el que se venden algunos de sus productos en los restaurantes más caros del país.
Posada comentó que dada la situación, ya debió cerrar su negocio, y así se reverse el impuesto, volver al mercado sería tener que comenzar de nuevo.
A su vez, el empresario Mauricio Gutiérrez, uno de los dueños de la firma Aguardiente Mil demonios señaló que esta reglamentación también afecta a “productores locales haciendo el esfuerzo de exportar”.
“Nuestro impuesto era poco más de 19.980 mil pesos, y pasó a ser de cerca 50 mil”, explicó, señalando que “el impuesto se vuelve un costo que se traslada al consumidor”.
“No podemos matar una marca que hasta ahora está surgiendo, está gateando”, afirmó, explicando que el impuesto a su producto fue calculado sobre precios a la venta en negocios que son autónomos en el costo del cobro de los licores que vende.
De igual modo, en La W, Juan Daniel Oviedo, director del Dane se refirió al tema, explicando que dicha normativa no era un invento de la entidad, y que este se derivaba de la ley 1816 de 2016.
“Nosotros no nos inventamos el modelo ni nuestra intención es afectar la cultura del vino ni afectar a los importadores”, señaló Oviedo, quien explicó que “el impuesto debe ser la cuarta parte del precio del vino, no cuatro veces el precio del vino”.
Oviedo señaló que la única entidad que puede hacer una interpretación de una norma financiera es el ministerio de Hacienda”, afirmando que la modificación de esta no dependería del Dane.
Frente a la situación, que algunos califican como un favor de corte político a las gobernaciones, en tanto favorece a un oligopolio para las licoreras departamentales al llevar a la eliminación de sus competidores, señaló que, aunque han intentado acercarse a los importadores de licores, algunos los han insultado y rechazado un acercamiento.
