La Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (CABA), Asovinos, Diageo, Bacardi, Pernod Ricard, William Grant & Sons y Brown-Forman Corporation emitieron una carta en la muestran su apoyo a la propuesta del Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo (que se discute en este momento en el Congreso) de cambiar la metodología con la que se calculan los impuestos a los licores y vinos.
De acuerdo con la industria privada de licores y vinos el Gobierno “acierta en eliminar la metodología actual utilizada para calcular el impuesto ad-valorem, la cual ha generado un impacto negativo en la cadena de producción y comercialización y ha expuesto a la industria a un manejo discrecional y de corto plazo que ha vuelto errática e impredecible la toma de decisiones de los empresarios, tanto de la industria nacional como extranjera”.
La critica del sector va dirigida a la ley que se aprobó en octubre de 2016 que modificó el monopolio de licores. Uno de los mayores cambios tributarios fue la fijación de la tarifa única de $220 por grado de alcohol y un impuesto general de 25 % sobre el valor comercial (ad valorem). Todo esto sin contar el IVA del 5 % que ya pagan. Sin embargo, el vino se trató como un caso especial y recibió menos carga ($150 por grado de alcohol e impuesto del 20 sobre el valor comercial).
En cambio, los artículos 146, 147 y 148 del Plan Nacional de Desarrollo definen una base gravable que depende exclusivamente del número de grados alcoholimétricos que contenga el producto, el cual “deberá expresarse en el envase y estará sujeto a verificación técnica por parte de los departamentos”.
Además, establece una tarifa única de $500 por cada grado alcoholimétrico para licores, aperitivos y similares, y otra de $350 para vinos y aperitivos vínicos (por cada unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente).
Por lo que los gremios de licores y vino acompañan la propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo de establecer “una fórmula que permita al mercado de licores, tanto nacional como de importados, consolidarse como un sector moderno, transparente y eficiente, que continúe aportando los recursos necesarios a los departamentos para financiar los sectores de salud y educación”.