Las grandes multinacionales de licores tienen un defensor poco visible. Se llama Fabio Valencia Cossio.
Según dos fuentes que han asesorado a esas empresas, desde hace varios años querían contratar a una persona de alto perfil para manejar sus relaciones con el Gobierno y el Congreso.
La más grande de las multinacionales, Diageo (que maneja marcas de whisky como Old Parr, Buchanan’s y Johnnie Walker, de tequila como Don Julio y la de vodka Smirnoff) suele contratar lords (nobles) para hacer lobby ante Parlamento y ha tenido varios entre sus directivos. Por eso, para Colombia estaban buscando el equivalente a un lord, según la fuente.
El que consiguieron es Valencia, a través de su empresa Valencia Consultoría Corporativa, gerenciada por su hijo Luis Eduardo.
Valencia equivale a un lord porque se mueve como pez en el agua en Congreso y Gobierno.
Eso por su trayectoria como Ministro del Interior y de la Justicia de Álvaro Uribe, fue presidente del Senado y congresista durante 16 años, primero como representante a la Cámara por Antioquia por dos períodos y luego Senador por otros dos períodos.
Además, es uno de los pocos políticos tradicionales que le apostó al Centro Democrático desde que Álvaro Uribe se lanzó a fundar su propio partido, en 2013. De hecho fue presidente del partido, redactó sus estatutos, conoce a buena parte de su militancia y su influencia para definir los candidatos del partido en Antioquia como contamos en esta historia.
Además otro hijo, Santiago, es senador uribista.
Por eso, desde el año pasado las cinco grandes multinacionales lo contrataron como asesor legal y legislativo, para mover sus propuestas y en particular la de unificar el cálculo el impuesto al consumo para los licores nacionales y extranjeros.
Además de Diageo, sus clientes son Bacardi, Pernod Ricard (Chivas, vodka Absolut, ron Havana y tequila Olmeca) William Grant & Sons (whisky Grant’s y ginebra Hendrick’s) y Brown-Forman Corporation (que comercializa Jack Daniels, tequilas Jimador y Herradura).
Antes, parte de esta tarea la hacía Acodil, pero este gremio se disolvió el año pasado por una división interna entre los importadores de vinos, que crearon su propio gremio, Asovinos, y los que que se vieron más golpeados por el cambio al impuesto de la ley de licores de Santos de 2016.
Valencia Cossio nos confirmó que desde el año pasado está a la cabeza de esta consultoría, que incluye la interlocución de las empresas ante entidades como el Dane y el Invima.
Su tarea será clave porque en esta discusión se mueven intereses opuestos a los de las importadoras como el de los licores nacionales, que es representado por la Asociación Colombiana de Licoreras dirigida por Juan Alberto Castro, quien fue director de la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras en 2010 y la Federación Nacional de Departamentos, liderada por el conservador Carlos Camargo Assis.
Más cuando el Ministerio de Hacienda incluyó en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo unificar el impuesto a los licores. Eso beneficiaba a estas empresas pero afectaba a los departamentos, por lo que la propuesta fue descartada ante la oposición de los gobernadores.
En todo caso, sigue abierta esa discusión, igual que la forma como el Dane calcula uno de los componentes de la base del impuesto, que no tiene que pasar por el Congreso.
Y esa es la prueba de fuego de Valencia Cossio.
Los artículos de la discordia
La pelea de los impuestos a los licores, que van para los departamentos y recauda directamente su Federación, es de vieja data. Pero tomó nueva fuerza con la ley de licores de 2016, que introdujo varios cambios que fueron criticados desde varias orillas.
En ese entonces el hoy presidente Iván Duque, que era senador, fue uno de los críticos, como también lo fue el senador del Polo Jorge Enrique Robledo, que propuso que se archivara la iniciativa.
Hoy los productores nacionales y los clientes de Valencia Cossio están de acuerdo en que el Dane no tiene la capacidad para definir los precios promedios que se usan para definir el impuesto que paga cada licor. Eso se nota en que ha cambiado varias veces su metodología para hacerlo.
La resolución actual, que rige para este año, volvió a alborotar el avispero porque por primera vez incluyó en el cálculo, lo que cobran los restaurantes y bares. Como suelen vender mucho más caro que un estanco o supermercado, subió la base del impuesto hasta en 300 por ciento, subió los precios finales, y afectó a nacionales e importados.
“No es que sean ineptos o malintencionados, sino que no debe ser función del Dane”, nos dijo Juan Alberto Castro.
“Después de la ley de licores es como si hubiéramos tenido cuatro reformas tributarias, porque ha habido cuatro resoluciones del Dane con distintas”, nos dijo una fuente de una de las importadoras.
Con esa inestabilidad ni las licoreras nacionales, ni las importadoras, ni los gobernadores saben cuánto van a tener que pagar o recibir por sus impuestos, y todos critican que el Dane lo haga.
En lo que no están de acuerdo es en cómo solucionarlo.
Los clientes de Valencia apoyaron, en un comunicado, la propuesta del Plan de Desarrollo de que el impuesto no se calcule sobre ese precio.
Pero a los gobernadores no les gustó porque eso bajaría la base y por lo tanto el se recaudo. Tras reunirse con el Ministro de Hacienda, lograron que sacaran del Plan esta propuesta.
De acuerdo con lo que nos explicó Mauricio Santamaría, ministro de protección social del Gobierno Santos y quien desde 2015 asesora a Diageo en temas económicos, la propuesta de los importadores es aumentar el IVA a cambio de eliminar la parte del impuesto que se cobra según su precio.
El problema es que el IVA lo recauda la Dian y no los departamentos o su Federación. Por eso, no es claro cómo le llegaría la plata directamente a las regiones, por lo que no le suena a los gobernadores.
En paralelo, está la discusión de si los licores importados deben pagar más impuestos que los nacionales.
En su comunicado, los clientes de Valencia propusieron hacer una discusión amplia sobre el tema, con productores nacionales y gobernadores, para acordar una fórmula que beneficie a todos.
“Ese acuerdo es imposible porque ellos aducen un tema de discriminación que no es cierto”, nos dijo Castro.
Por ahora, Acil le pidió al Dane derogar la resolución para sacar los bares y restaurantes, y la Federación de Departamentos acordó con el Gobierno sacar un decreto que le ponga reglas al Dane para calcular el precio.
Los clientes de Valencia Cossio no han manifestado su posición, y él tendrá la tarea de representarlos importadores en esa y otras discusiones.
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