Publicado:noviembre 29, 2016
Última Actualización:noviembre 28, 2016
Se espera que el Estado reciba 1,8 billones de pesos adicionales cuando el presidente Santos sancione la Ley de Licores. Según los críticos, la ley hará que se incremente el contrabando y, además, que se produzca un aumento desmedido en el precio de los licores.
El presidente Juan Manuel Santos tiene la facultad para sancionar el proyecto de Ley de Licores. Se espera que sea puesta en marcha en diciembre de 2016. La polémica por su aprobación continúa en su punto más álgido.
De acuerdo con los presupuestos realizados por el Ministerio de Hacienda, gracias a la nueva ley ingresarán al erario 1,8 billones de pesos adicionales, lo que supone un aumento de 20% respecto a lo que se recauda hoy día. Estos nuevos recursos serán destinados a tres sectores en específico: salud, educación y deporte.
“Los productos nacionales en muchas ocasiones pagaban proporcionalmente más impuestos que los licores importados. Ahora, con un impuesto sobre el valor de los licores, el producto que vale más paga más impuesto”, manifiesta Ximena Cadena, la viceministra de Hacienda.
El proyecto de ley contempla una carga tributaria de $220 pesos por grado de alcohol, además de un gravamen del 25% del valor final del producto y un IVA del 5% sobre el precio de venta.
Las protestas no se han hecho esperar. Desde Fenalco insisten que esta medida aumentará el contrabando a niveles desbordantes: “No es que nos opongamos a todo, sino que con unos impuestos sin sentido están aumentando el contrabando y la adulteración. Así mismo, del recaudo de los impuestos, que va a subir 15% o 20%, por lo menos la mitad se va a evadir”, declaró Guillermo Botero, presidente de la entidad.
Por otra parte, la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras –ACIL– considera que dicha ley causará un aumento desmedido en el precio de los licores, lo que representa un reto para el gobierno, pues deberá redoblar sus esfuerzos por contrarrestar el contrabando y la ilegalidad, además de alentar la competitividad del sector.
Vale recordar que el Senado de la República aprobó, en plenaria celebrada el miércoles 23 de noviembre de 2016, el texto final de la Ley de Licores, a la que solo le falta la sanción presidencial para entrar en vigencia. Se trata de una medida polémica, muy criticada por los gremios y que fue postergada en varias oportunidades. La versión final del escrito que pasó el último debate había sido previamente aprobada por la Comisión Accidental.
Cuando la ley se promulgue, un licor que alcance los 35 grados será gravado con $306 por cada uno, mientras que se cobrará $502 por grado a los licores que sobrepasen esta medida.
Su ponente, la senadora del Partido Conservador Olga Lucía Suárez, afirmó que esta ley fue diseñada para proteger a la industria licorera nacional del contrabando: “Esta ley sale con varios beneficios, lo más importante es que los entes territoriales y gobernaciones sigan teniendo este ingreso rentístico que la misma Constitución consagra, de igual forma se va a prevenir mucho más el tema del contrabando, así como el licor adulterado que tanto daño ha causado y que afecta de manera directa la salud pública y teniendo en cuenta que subirá el precio de los licores, hará que haya menos consumo pero más ingresos para la salud y la educación”.
Así mismo, los vinos fueron gravados con $150 de impuesto por grado de alcohol y un ad valorem de 20% sobre el precio de venta al público.
Sobre este punto, Martha Patricia González, directora ejecutiva de Asociación Colombiana de Importadores de Vinos y Licores –Acodil–, señaló que esto podría modificar las preferencias de los consumidores. “El vino aumentará de precio, por lo tanto, los consumidores podrán pasar a otro tipo de bebidas con alcohol”, expresó en La República.
Fenalco, Acil y Acodil coinciden en que la demanda por el consumo de bebidas alcohólicas podría disminuir, incluso en mayor medida para algunos casos, como los vinos a causa de su precio elevado en el mercado en comparación con otros productos. Sin embargo, la industria de la cerveza sería una de las beneficiadas por la Ley de Licores. “Creo que el consumo de cerveza subiría, porque sería más económica que una botella de vino”, asegura González.
El punto de vista del gobierno
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, expresa que la ley fortalece el monopolio rentístico de los departamentos y dicta reglas claras sobre la manera como se introducen y fabrican licores en estos.
La industria del aguardiente fue protegida con una salvaguardia que podrá ser establecida por los departamentos a fin de prohibir el ingreso de otra bebida del mismo tipo, sea producida en Colombia o en el extranjero.
También está contemplada una salvaguardia para los rones importados, que permitirá a los departamentos prohibir su ingreso de considerarlo necesario.
Cuando se sancione la Ley de Licores, las asambleas departamentales serán las únicas autoridades competentes para autorizar la explotación directa o indirecta de la producción e introducción de licores destilados a la entidad territorial.
