El Gobierno Nacional se jugará ‘sus restos’ el próximo 3 de octubre, un día después de la votación del Plebiscito por la Paz, para tratar de sacar adelante la llamada ley de licores, que busca definir un nuevo estatuto rentístico por la venta y consumo de bebidas embriagantes.
Y aunque en teoría el proyecto busca aumentar en cerca del 20 % el ingreso fiscal de los departamentos y fortalecer las fábricas de licores regionales, en el Congreso hay otra lectura. Lea también: La estrategia que tiene el Valle para combatir el contrabando.
El senador Iván Duque, del Centro Democrático, considera que el proyecto “es muy peligroso” para el país, porque “es una imposición de la OCDE y de otros países europeos.
“Lo que hace es aumentar el consumo de licor con todas sus consecuencias para la salud. Además, con la excusa de aumentar el recaudo fiscal se está abriendo la puerta a más licor adulterado y de contrabando, afectando los ingresos de los municipios. Todo esto hace que sea un proyecto inconveniente para el país y por eso he presentado una ponencia negativa que esperamos sea acogida por varias bancadas”, dijo el congresista.
A su rechazo se sumó el Polo Democrático, pues su vocero, el senador Jorge Enrique Robledo considera que esta iniciativa está dirigida a “aumentar la torta de los licores extranjeros en el consumo nacional”.
Robledo, además, dice que el proyecto es inconstitucional porque “rompe soterradamente el monopolio de los licores que hoy, por mandato de la Constitución, tienen las fábricas de licores nacionales.
No obstante, el vocero del Polo afirma que este proyecto “nada tiene que ver con los TLC, pero sí con presiones de la OCDE para favorecer a las grandes trasnacionales, de ahí el desespero del Ministro de Hacienda para cumplirles a los extranjeros”.
De cualquier modo, el proyecto busca “aumentar los recursos para la salud con una estructura tributaria clara, simple, igual para licores nacionales e importados”, sostiene el jefe de la cartera de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría.
La norma es de vital importancia para el fisco, pues el Gobierno aspira a recaudar por esa vía cerca de $2 billones, aunque el ministro Cárdenas asegura que ese dinero no será para la Administración Central sino para los Departamentos, tengan o no licoreras, ya que el recaudo será de destinación para el sector salud.
En síntesis, el nuevo estatuto prevé gravar los licores de hasta 35 grados de alcohol con $306 por cada grado y los de más de 35, con $502, a un modelo que incluya impuesto específico de $220 por grado de alcohol, sumado a un componente ad valorem de 25% sobre el precio final de cada botella. Adicionalmente, incluye un IVA general de 5% sobre el precio final.
Pero ante los reparos, Cárdenas aceptó que para el cuarto debate se incluya una modificación: reducir el impuesto a los vinos y disminuir el impuesto de $220 por grado de alcohol a $150.
Frente a ello, la Cámara de Industrias Asociadas a Bebidas Alcohólicas (Caba) le envió una carta al Ministro de Hacienda en la que propone que “se fije una tarifa ad-valorem del 20 % para todos los productos, manteniendo la tarifa específica propuesta de $220 para licores y aperitivos no vínicos y que se restablezca una tarifa diferencial específica para los vinos y los aperitivos vínicos de $120 por grado alcoholimétrico”.
- “Se afectará la comercialización de los importados”
Guillermo Botero Nieto, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, es uno de los más críticos frente a los alcances del proyecto, ya que generaría sobrecostos para los consumidores y se caerían las ventas.
¿Qué le preocupa del proyecto?
Nuestra preocupación es que el incremento de los impuestos es exagerado. Cuando los impuestos se aumentan de forma exagerada se dispara la ilegalidad y la informalidad. Yo siempre me pregunto ¿qué ha pasado con el aguardiente que ha venido perdiendo participación con las licoreras? Es una preocupación grande.
¿Cómo ve el impuesto a los licores importados?
Esa es otra preocupación. Con esos nuevos impuestos se va a afectar la comercialización de licores importados. El contrabando es un fenómeno netamente económico, en la medida en que haya más estímulos se disparan el contrabando y la falsificación. Entonces hay tres frentes de lucha: el contrabando, la falsificación y la adulteración.
El Gobierno lo que busca es homologar el impuesto para los licores nacionales e importados que son mucho más costosos…
Ese no es el punto. Se están agarrando de una champaña de $500.000 que paga $4000 en impuesto. Claro, eso hay que corregirlo. El Gobierno está presentando este proyecto porque tiene que cumplir acuerdos internacionales, no por otra razón.
Al sentir de los extranjeros, la diferencia en los grados alcoholimétricos de cero a 35 grados y de más de 35 grados, de $306 y $502, era discriminatoria hacia unos licores importados, porque whisky de menos de 40 grados no se puede producir. Pasa lo mismo con el brandy, la ginebra, el coñac, etc. Eso es lo que el Gobierno pretende arreglar para no tener problemas ni con Canadá, ni con Estados Unidos ni con la Comunidad Económica Europea.
Los departamentos aspiran con esta ley a aumentar sus ingresos en 20%. ¿No es caso justo con las regiones que fortalezcan sus rentas?
Ah, bueno, entonces yo respondo con otra pregunta: ¿Si el impuesto aumenta en 30 %, 40 % y hasta 50 %, por qué solo les aumenta el recaudo en 20 %?
O sea, se está reconociendo tácitamente que una parte se va al contrabando, la adulteración y la ilegalidad. Yo estoy de acuerdo en que les suban a todos por parejo el 20 %.
